LA JUSTICIA SÓLO ES PARA LOS RICOS DE LA ALTA SUCIEDAD

Está claro que cuando se ha de encarcelar a un rico o una persona del círculo de la "alta suciedad" se busca resquicios de la Ley para suavizar la entrada en la cárcel o la pena que le toca por el delito cometido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una persona de a pie sin medios económicos y que produce una estafa y falsedad en documento mercantil del calibre de los Albertos? Pues que no prescribiría nunca su delito, así de claro.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha criticado hoy la sentencia dictada ayer por el Tribunal Constitucional en el caso de los Albertos y ha asegurado que con ella Alberto Cortina y Alberto Alcocer "se quedarán indudablemente con el dinero de la estafa".

Conde-Pumpido ha dicho discrepar "total, radical y profundamente" con la resolución del Tribunal Constitucional que anuló la condena del Tribunal Supremo contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO de Madrid.

Conde-Pumpido ha asegurado, en una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, que la sentencia del Alto Tribunal "no es la más adecuada para defender a las víctimas" y dijo estar "complementamente convencido de que existe un delito de estafa y falsedad mercantil y de que los hechos no estaban prescritos".

Así, considera que con esta resolución se ha vulnerado "el derecho de los perjudicados a cobrar la indemnización pertinente".

Conde-Pumpido cree que el Tribunal Constitucional "incurre en un exceso de jurisdicción" que resulta "muy preocupante", al "entrar a definir los hechos como prescritos en contra de un criterio del Tribunal Supremo".

El fiscal general del Estado ha agregado que la sentencia del Alto Tribunal es "muy preocupante", porque "le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva", que, a su entender, "es un derecho que debe de proteger a los perjudicados".

Aun así, considera que la resolución del Constitucional ratifica que la sentencia del Tribunal Supremo "se dictó con todas las garantía en el ámbito del derecho a la prueba y de la calificación penal".

"En el ámbito constitucional los delitos estaban perfectamente probados y no se había producido ningún tipo de vulneración de derechos constitucionales", ha asegurado Conde-Pumpido.

"Los dos financieros condenados tienen pendiente el pago de más de 40 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas de la estafa y se sentarán otra vez en el banquillo por los nuevos delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa, cometidos en el ''caso de la carta falsa''", expresa el comunicado.

Esperemos que la Ley encuentre una forma de encerrarlos en la cárcel junto a los más peligrosos y los dejen sólos con ellos.

Fuente: ElPais.com